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Mié, Oct

SIERRA

El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva acoge este lunes el juicio contra un matrimonio por construir una presunta vivienda ilegal en la aldea de El Calabacino en Alájar, para los que la Fiscalía solicita dos años de prisión.

La vista será este lunes a las 10,00 horas en el mencionado juzgado contra este matrimonio.

Esta causa se enmarca tras la denuncia que la Fiscalía de Huelva presentó en los juzgados de instrucción de Aracena contra la alcaldesa de Alájar, la socialista Carmen Osorno, por no haber actuado en al menos 22 viviendas construidas ilegalmente en la aldea El Calabacino, perteneciente a la citada localidad, ubicada en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El fiscal recuerda en su denuncia que en la citada aldea, desde fecha indeterminada, empezaron a instalarse diversas personas procedentes de toda España y del extranjero con la intención de residir de forma permanente por lo que adquirieron en contratos privados o en escritura pública pequeñas fincas rústicas de menos de una hectárea donde iniciaron la construcción y rehabilitación de edificaciones en ruinas en caso de existir éstas.

Así, una vez detectada esta situación por agentes de medio ambiente del parque natural y por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se comunicó a esta Fiscalía en febrero de 2014, la existencia de una construcción residencial que había sido finalizada en 2006, que carecía de licencia y que, por estar hecha de madera y alpacas de paja, suponía un grave riesgo de incendios forestales. En concreto, esta causa es la que se enjuiciará este lunes en el juzgado onubense.

Dado que la construcción estaba penalmente prescrita la Fiscalía se puso en contacto con el Ayuntamiento para que, en el ámbito de sus competencias, actuara para restaurar de la legalidad urbanística, ya que se trataba de suelo protegido, y que le informara sobre hechos que puedan constituir desobediencia penalmente relevante, sin embargo no consta la apertura de ningún expediente.

A su vez, remarca el fiscal que en los primeros meses de 2017 la Fiscalía recibió más de una veintena de comunicaciones en las que se informa de construcciones ilegales dentro de este parque natural.

Sobre este asunto hay otras tres causas y los hechos en una de ellas ya están calificados por la Fiscalía. En concreto, el fiscal de Medio Ambiente solicita para este matrimonio, cuyo juicio será este lunes, la pena de dos años de prisión y el pago de una multa de casi 3.000 euros, a razón de siete euros diarios durante 14 meses, así como la inhabilitación especial por dos años para oficio de promotor y constructor, por un delito contra la ordenación del territorio.

En concreto, el fiscal considera que ambos, en calidad de promotores y constructores, llevaron a cabo la edificación de una vivienda de 7,32 metros de fachada por 10,32 de lateral-fondo y cinco de altura en una finca sita en la parcela 20 del polígono 18 del término municipal de Alájar, tras adquirirla en escritura pública en marzo de 2015, haciéndose constar la inexistencia de edificación alguna.

Esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y los acusados no solicitaron licencia municipal ni autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, según remarca el fiscal.

Las obras, iniciadas en 2015 y para la que se ha utilizado gran parte de paja y madera lo que supone "un grave riesgo de incendio", se han realizado para vivienda habitual de los denunciados y sus hijos menores en una finca sin actividad agrícola ni ganadera, "incompatible con la legislación protectora del parque natural y que prohíbe nuevas viviendas sin vinculación con usos agrícolas-ganaderos-forestales".

Detectadas las obras por agentes de Medio Ambiente en marzo de 2016, se denunciaron ante este juzgado, existiendo además expedientes sancionadores abiertos por la Delegación de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, ambos suspendidos por la tramitación de esta causa penal.

Además, la Fiscalía ha acordado la demolición de la edificación reseñada en la conclusión primera a cargo de los acusados y previa elaboración por los mismos de un proyecto técnico que, con licencia del Consistorio y el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, garantice la restauración total del espacio natural afectado. De no realizarla, la ejecutará la Administración a su costa embargándoles bienes suficientes para asumir su coste tasado en 1.848,50 euros y acordándose en todo caso el comiso de las ganancias obtenidas.

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