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Jue, Nov

CONDADO

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte, liderado por Rocío Espinosa, va a pedir un crédito al Estado para afrontar el gasto de más de 14 millones de euros que el Consistorio tiene que asumir debido a cuatro sentencias judiciales contra la gestión de gobiernos anteriores y todo "sin aumentar la presión fiscal a los ciudadanos ni reducir servicios públicos".

De este modo, el Consistorio va a solicitar un préstamo al Estado español por importe de 14,37 millones de euros, para lo que el equipo de gobierno ha elaborado una serie de medidas que garantizan la devolución de ese préstamo a un interés "muy bajo en un periodo de diez años sin que ello suponga "ni un aumento de la presión fiscal para los ciudadanos de Almonte ni una reducción de los servicios públicos", inciden.

Según ha informado el ente local en un comunicado, por segunda vez en esta legislatura, el equipo de gobierno "tiene que hacer frente a sentencias judiciales derivadas de pasadas legislaturas".

En concreto, en 2015, justo al inicio del mandato, el Consistorio asumió 23 millones de euros, a los que ahora se suman cuatro nuevas sentencias judiciales derivadas de otras tantas denuncias presentadas por empresas privadas por la gestión de los gobiernos anteriores, que han sido dictadas recientemente y que obligan al Ayuntamiento de Almonte a afrontar un pago de más de 14 millones de euros, que incrementan "la deuda heredada del Consistorio almonteño".

Así, el mayor importe se produce como consecuencia de la denuncia presentada por una entidad bancaria con la que el anterior equipo de gobierno del PP formalizó una póliza en 2012 que en ese mismo año dejó de pagar, lo que ha generado "una deuda de 6,7 millones de euros, de los que más de la mitad, 3,54, corresponden a intereses".

A ello hay que añadirle una nueva deuda de 4,18 millones de euros con Urbaser, la empresa que se encargaba de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, a la que el Ayuntamiento debía, cuando entró el actual equipo de gobierno, "cerca de cinco millones de euros".

Asimismo, han indicado que "la tercera cantidad más importante a la que el Consistorio tiene que hacer frente por una sentencia judicial es de 3,29 millones de euros, una cuantía que el Ayuntamiento tiene que abonar por la compra del campo de golf realizada en 2012 y que, como consecuencia de la denuncia presentada por el PP contra aquella adquisición, se ha incrementado en 1,32 millones de euros en concepto de intereses".

Por último, el Consistorio se ve obligado a pagar otros 194.663,32 euros por los trabajos de urbanización de un polígono en la zona de las Fuentezuelas realizados al final de la legislatura 2011-2015 y que el posterior gobierno del PP "paralizó y nunca pagó".

Ante ello, el Ayuntamiento se ve obligado a pedir un préstamo al Estado español por importe de 14,37 millones de euros, para lo que el equipo de gobierno ha elaborado una serie de medidas que garantizan la devolución de ese préstamo a un interés muy bajo en un periodo de 10 años sin que ello suponga "ni un aumento de la presión fiscal para los ciudadanos de Almonte ni una reducción de los servicios públicos".

Ante esto, las medidas incluidas por el equipo de gobierno, que constituyen una actualización del Plan Municipal de Ajustes que se realizó en 2015, consisten, por un lado, en una serie de ahorros derivados de los nuevos contratos de servicios, como el de suministro de electricidad para el alumbrado público y edificios municipales o el de recogida de residuos sólidos urbanos, que "no suponen ninguna merma en el servicio".

A ello hay que añadir el ahorro generado con respecto a la última liquidación conocida, la de 2017, que ascenderá a más de 335.000 euros en 2018 y a más de 515.000 en 2019 y siguientes ejercicios, así como nuevos ahorros derivados de la licitación pública de aquellos suministros que se repiten con periodicidad en el tiempo y de solicitar varias ofertas para los contratos menores, tal y como se viene haciendo en estos años.

A esas medidas hay que añadir otras en materia de ingresos, como la firma de un convenio con el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva para la delegación de la inspección del Impuesto de Actividades Económicas, que afecta a las empresas que facturan más de un millón de euros, al efecto de corregir las posibles incidencias.

Por último, la propuesta del equipo de gobierno incluye la aprobación, en el pleno de octubre, de una nueva ordenanza para la ordenación e imposición de la tasa por utilización privativa del dominio público de empresas transportadoras de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

REDUCIR COSTES

Para el teniente de alcalde delegado de Economía y Hacienda, Francisco Manuel Toro, las medidas "se centran, por un lado, en reducir costes a través de los pliegos, y por otro, en luchar contra el fraude en los impuestos locales, centrándonos en las grandes empresas, aquellas que facturan más de un millón de euros y aquellas grandes empresas de electricidad, gas, agua e hidrocarburos".

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha destacado que "con estas medidas conseguimos hacer frente a esta deuda heredada sin aumentar la presión fiscal ni reducir los servicios públicos", algo que "podemos hacer gracias a una gestión económica responsable y transparente que incluso nos ha permitido bajar el IBI urbano por primera vez en el municipio", ha añadido.