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Mié, Ago

CONDADO

El anuncio realizado recientemente por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de cerrar en un breve espacio de tiempo un total de 77 pozos ilegales en Doñana ha encendido las señales de alarma entre los agricultores que alertan de las graves consecuencias que esta medida podría tener y reclaman que el cierre se haga de manera consensuada y no antes de que se garantice la llegada del agua superficial.

La situación del acuífero de Doñana vuelve a estar en el punto de mira después de que la Comisión Europea haya advertido de su intención de llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europea por lo que califican como “abandono” de este espacio. Proteger el acuífero y dotar a los agricultores de la materia prima necesaria para poder mantener y desarrollar sus cultivos se presentan como elementos antagónicos dadas las actuales circunstancias.

Las organizaciones ecologistas insisten de forma continua en el daño que al medio ambiente causan estas extracciones de agua. SEO/BirdLife habla de “amenaza real” para el futuro de las más de 300 especies de aves acuáticas que tienen en Doñana su espacio donde reproducirse, invernar o alimentarse. Los ecologistas han reclamado a las autoridades que declaren sobreexplotado el acuífero de Doñana y procedan al cierre de todos los pozos ilegales.

Sin embargo, los agricultores sostienen otra postura. El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, advierte, en primer lugar, de que los pozos no son ilegales sino irregulares debido a que “las administraciones nunca los han querido regularizar” y, en segundo lugar, recuerda que hay una transferencia de agua aprobada y un plan de trabajo en marcha para regularizar la zona. “Nosotros queremos cambiar el agua superficial por el agua subterránea”, insiste.

La Plataforma insiste en que no están en contra del cierre de los pozos, pero exigen la llegada del agua superficial para poder mantener los cultivos. En este sentido, denuncian las prisas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y recuerdan los perjuicios de esta medida en el caso de hacerse efectiva de forma inmediata. “No entendemos por qué se plantea ahora. Vamos a buscar soluciones alternativas rápidas y esperemos que todo llegue a buen fin. De lo contrario se perderá muchísimo dinero, muchos jornales y se creará una situación social que no es buena para nadie”, advierte Picón.

La situación ha dado tal vuelco que éste será el principal asunto de debate en la reunión que mantendrán el próximo martes día 12 los agricultores y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. “Lo previsto era hablar sobre el trasvase de los 15 hectómetros cúbicos y plantear que se usen las infraestructuras realizadas para el trasvase de los 4,9 hectómetros para aliviar esa agua y así cerrar ya muchos de los pozos”, explica el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado.

Los regantes insisten en que la llegada del agua superficial trae como consecuencia el cierre de los pozos, pero reclaman que el orden de estos pasos no se altere. “Siempre hemos defendido que cuando llegue el agua superficial se cierren los pozos. Cuando llegaron los 4,9 hectómetros se cerraron más de 300”, reivindica Picón. “La solución pasa porque el agua superficial llegue lo antes posible y para eso hay una ley aprobada. Espero que los políticos tomen conciencia y se agilicen los trámites para que el agua superficial llegue lo antes posible”, insiste.

Ése es el deseo de los agricultores. Está por ver si las presiones de las organizaciones ecologistas y el tirón de orejas de la Comisión Europea al Gobierno de España acelerarán los trámites para el cierre de estos pozos o se mantendrán los planes que los regantes exigen para no causar un perjuicio a la agricultura onubense.