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Mié, Ene

Cuenca minera

Bernardo Montoya, el asesino confeso de la joven profesora Laura Luelmo, no formará parte del Registro Central de Delincuentes Sexuales que elabora el Ministerio de Justicia hasta que haya una sentencia firme que le condene por un delito de índole sexual.

Según la autopsia, Laura Luelmo (26 años) murió dos o tres días después de su desaparición en El Campillo (Huelva), la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la frente, y también sufrió una agresión sexual. Aunque el hombre ha confesado que la mató, en el interrogatorio policial dijo que no llegó a consumar la violación, pese a ser confirmada por la autopsia.

El registro de delincuentes sexuales, en vigor desde el año 2016, recoge los datos de 45.155 personas (42.581 adultos y 2.574 menores) sobre las que pesa una sentencia firme por un delito contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos, incluida la pornografía. Formar parte de esta base de datos les impide acceder a trabajos en los que tengan contacto directo con menores de edad.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia a Europa Press, en dicho registro solo entran los condenados por sentencia firme por este tipo de delitos. Bernardo Montoya, de 50 años, tiene graves antecedentes penales: acababa de salir de prisión el mes de octubre por dos robos con violencia y previamente estuvo en la cárcel por matar a una anciana.

"NADA QUE VER" LAS CONDENAS POR ASESINATO Y ROBO

Pero las condenas por asesinato y robo no tienen "nada que ver" con los delitos sexuales, así que "no podía estar" en el registro atendiendo a las condenas que tenía antes de cometer el asesinato de Laura Luelmo, según han apuntado las mismas fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado.

Según los últimos datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales hasta el mes de agosto de 2018, facilitados a Europa Press, en total hay 45.155 delincuentes sexuales que no pueden trabajar con menores de edad en España. De todos ellos, más de 4.000 han sido 'fichados' en los últimos dos años y medio.

Con la puesta en marcha de este fichero se exige obligatoriamente un certificado de delitos de naturaleza sexual a todas las personas que ejercen o quieren ejercer una profesión o actividad que implique el contacto con menores.

El registro arrancó el 1 de marzo de 2016 con un total de 40.782 delincuentes sexuales ya identificados, de los que 38.272 eran adultos y 2.510 menores de edad. Ese año finalizó con 41.714 delincuentes en la base de datos, es decir, un millar más que al principio.

Ya a finales de 2017, en el registro constaban 2.000 personas más con antecedentes penales por delitos de índole sexual y con la prohibición de trabajar con menores, 43.795 en total, (41.217 adultos y 2.578 menores). Hasta agosto de este año 2018, esa cifra ha aumentado hasta los 45.155 delincuentes sexuales fichados, de los que 42.581 son mayores de edad y 2.574 menores.

Así pues, desde la puesta en marcha del fichero, el Ministerio ha detectado a 4.373 delincuentes sexuales nuevos de los que 64 eran menores. Éstos se suman a los más de 40.000 que ya figuraban en el registro en marzo de 2016 porque las condenas, en la mayoría de los casos identificados, no se cancelan hasta 30 años después ya que han sido cometidos por adultos contra menores. Si la condena está dirigida a un menor de edad los registros se borran transcurridos diez años desde la mayoría de edad.

La mayoría de los delincuentes que no pueden trabajar con niños en España han sido condenados por tribunales en Andalucía (8.567), Cataluña (7.015), Comunidad Valenciana (5.692) y Madrid (4.683). Otros 40 han sido juzgados por la Audiencia Nacional, y 40 más por el Tribunal Supremo, mientras que hay 1.211 casos en los que no consta la procedencia. Desde el Ministerio de Justicia, advierten de que un mismo delincuente puede haber sido condenado en varias comunidades, por lo que la cifra total no se corresponde con una suma aritmética.

Según los datos del departamento que dirige Dolores Delgado, que se lanzó el registro más de 5,1 millones de personas han solicitado el certificado que permite acreditar la carencia de este tipo de delitos o su existencia. Entre esas solicitudes, Justicia detectó a 1.410 personas condenadas por delitos sexuales en España que pretendían trabajar con niños: 534 de ellas en 2016, 576 en 2017 y 300 hasta agosto de 2018.